Los Centros de Protección de Menores proporcionarán a los menores abandonados o que han sido separados temporalmente de sus familias, una alternativa de convivencia adecuada a sus necesidades, colocando al menor en un ambiente de desarrollo sustitutivo al de la propia familia que le proporcione seguridad, afecto y cobertura de sus necesidades como sujeto que se encuentra en una etapa clave de su crecimiento; proporcionándoles un medio que da una respuesta temporal a la situación de deprivación, que de una manera u otra, han sufrido y protegiéndoles. La situación de éstos menores desprotegidos es de especial vulnerabilidad e indefensión por varias razones: por su condición de menor; por las circunstancias que han vivido y les han dejado una huella (física y psicológica); porque las familias de las que provienen suelen tener pocos recursos económicos y personales o son familias desestructuradas por diferentes problemas (violencia, drogas, muerte, enfermedad...); o simplemente no quieren hacerse cargo del menor y lo abandonan.
Pero antes de que se tome la decisión de separar al menor de su familia natural o de la familia extensa (si existiera) se exige en primer lugar un trabajo en el propio contexto familiar. Para dar la oportunidad a ésos padres o familia de recibir la ayuda necesaria para superar esa situación y desarrollar sus competencias; ya sea mediante apoyo, formación y orientación profesional o bien a través de prestaciones materiales y económicas (aunque el dinero ayuda mucho, no lo es todo). Hay veces que la situación no mejora con las intervenciones familiares, y se hace preciso, en interés del menor, la separación del hogar familiar. Hay veces que éste trabajo familiar previo brilla por su ausencia desde las distintas instancias e instituciones pertinentes y provoca el internamiento de los menores, con las consecuencias emocionales y psicológicas que ésta situación y las que se produzcan como repercusión ocasionarán.
Los sentimientos experimentados por éstos chavales durante todo su internamiento son muy diferentes y complicados, incluso enfrentados: malestar, indefensión, soledad, miedo, desahogo, marginación, confianza, tranquilidad, liberación, seguridad, culpabilidad... Provocados por muchas razones: el procedimiento de separación familiar; los cambios de centro; la separación entre hermanos; la desinformación sobre su situación, su realidad y los cambios que se van produciendo; la falta de participación activa en su historia (los adultos son los que van tomando decisiones sobre su vida); el espacio de los centros; la inestabilidad de la plantilla de educadores; las normas y el tiempo estructurado de los centros ... ¡Son tantas las variables que actúan y que se deben tener en cuenta!.
Es preciso resaltar que todo va a depender de las circunstancias de cada uno de los menores: si tiene familia y ésta es recuperable; si está sólo; si ha sido maltratado; si tiene alguna alteración psicológica o del comportamiento... y miles de condicionantes más que dejan patente la complejidad en éste ámbito. Todo esto se une a la gran diversidad de menores que tienen que convivir en cada centro, hecho que complica la convivencia y la intervención.
Educar, en general, es una tarea muy difícil y complicada para la que nunca se siente uno suficientemente preparado. Hablamos de un “más difícil todavía” cuando tratamos de educar a niños y adolescentes con graves alteraciones y trastornos psicológicos y conductuales, producidas por las situaciones que han vivido y que están en un lugar, que en la mayoría de los casos no quieren estar. Muchos menores que llegan a los centros de protección son muy problemáticos, mucho más de lo que se puede reflejar en los documentales o en los manuales. El personal que desempeñamos labores en estos centros tenemos que reconocer la falta de medios y de recursos, pero no quedarnos ahí; porque a pesar de ser un trabajo duro, intenso y en ocasiones, bastante frustrante, está lleno de emotividad, empatía, paciencia, don de gentes, humanidad, afecto, lucha, implicación... todo ello necesario para que la atención educativa haga efecto. Esta particular impotencia la viven los equipos de educadores que intervienen con ellos. Todas estas personas, más allá de su carácter profesional, sufren muchas veces al encontrarse superados por la complejidad del problema; la indefinición del encargo de intervención; la falta de información; los escasos dispositivos de actuación eficaz; los continuos y sucesivos conflictos de convivencia que presentan estos niños o adolescentes difíciles. Impotencia, que también queda reflejada al caer en la cuenta de las numerosas posibilidades, alternativas, apoyos y oportunidades que se dan a algunas familias, y que éstas desaprovechan una y otra y otra vez. Mientras tanto, a éstos menores nadie les pregunta y siguen viviendo un internamiento indefinido, esperando a que sus padres, tíos, abuelos… mejoren su situación, dejen de consumir, se preocupen por ellos, no roben, no les peguen, les reclamen, se les lleven, les devuelvan, quieran hacerse cargo... haciendo que vivan en una realidad paralela, generando expectativas y sueños que no se realizarán, lamentablemente, en muchas ocasiones.
Pero a pesar de los baches, del duro trabajo, del desánimo, de la lucha, de la desesperación, de la tristeza... hay casos que tienen un final feliz y que posibilitan una reunificación familiar (cuando hay familia sana), o un acogimiento familiar, o una preparación para una vida adulta lo más “normalizada posible”. Y así el comienzo de una “nueva vida” llena de posibilidades en la que nunca se olvidarán de lo que han vivido y de la gente que les cuidó, les ayudó a crecer, les regañó, les paró, les animó, les contuvo, les dio cariño, les tendió la mano para levantarse, les enseñó... “Nueva vida”, que para evitar posibles limitaciones o problemas, necesita de un andamiaje a posteriori, de un apoyo; necesita de la supervisión y ayuda de los profesionales. Van a comenzar a caminar y hay que estar pendientes y evitar que se caigan.
El Instituto Madrileño del Menor y la Familia forma parte activa de dicho sistema al tener encomendadas las competencias que a la Comunidad de Madrid corresponden en materia de protección de menores.
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